Cuando en una sentencia de tutela la Corte Constitucional se ha referido a un 'estado de cosas inconstitucionales' a propósito de un tema en particular, éste es un llamado de atención mayúsculo sobre el cuál el Estado debe posar su mirada para tomar acciones inmediatas.
Fue en 1998 cuando así se refirió el tribunal al estado de las cárceles en Colombia. Ello gracias a la acumulación de un centenar de demandas de tutela interpuestas no solo por los mismos presos sino también por sus familiares, reclamando por sus derechos fundamentales, válidos aún en su condición de reclusos.
Y es que la condición carcelaria del país se desborda de la lógica elemental. Por eso la gravedad del rótulo, ya que la Corte Constitucional considera que un estado de cosas inconstitucionales ocurre "cuando hay una configuración histórica, estructural y lo suficientemente grave de los derechos fundamentales de una población" Tal como ocurre con la población desplazada del país. Palabras mayores.
Para 2010, la población carcelaria del país era de 83.667 presos, es decir, el estadio Old Trafford de Manchester lleno. Quedan faltando unos 7.600 más que cabrían en el estadio de techo de Bogota. Todos en su máximo aforo. En frías cifras, el problema de hacinamiento del país asciende al 30%.
Sin embargo, para los penados de este país, pasar el tiempo que duran sus condenas como si vivieran con 8 colegas más dentro de un Volskwagen Beatle no es su único problema. Según un informe del diario Ámbito Jurídico, la violación de los derechos a la vida, la dignidad y la intimidad son el caso más recurrente. Le siguen violaciones al derecho a la familia y a la vida conyugal; al derecho al trabajo; al derecho a la salud y a la salubridad. La lista continúa.
Es un buen momento para reflexionar sobre las políticas populistas que se asumieron durante el pasado gobierno, en las cuáles se pensó que el aumento de penas y en la creación de nuevos delitos (es el caso de consumo de estupefacientes) eran una solución al serio problema de la criminalidad en Colombia. También es momento oportuno para pensar en las propuestas que abandera una Senadora de la República de someter a referendo la pena perpetua para casos de abuso sexual de menores. Sobre todo, estando en un estado de 'cosas inconstitucional' carcelario.
Los medios también contribuyen cuando escandalizan a la opinión cada vez que un juez de garantías decreta ilegal una captura y ordena la libertad del capturado. Naturalmente, la audiencia que es ajena al derecho, interpreta el mensaje como si casos así implicaran la falta de respuesta del Estado a la criminalidad. El ciclo lleva a una percepción global de impunidad y el mensaje termina por impactar el criterio de los jueces, llevándolos, por ejemplo, a denegar sistemáticamente, por principio y por presión, mecanismos alternativos, como la pena domiciliaria, la condena de ejecución condicional de la pena o los brazaletes electrónicos, todos, hoy asociados con corrupción, impunidad, beneficios injustificados.
Es un buen momento para dejar el radicalismo al lado pues los complejísimos problemas de criminalidad del país no pueden pretender ser solucionados exclusivamente con cárcel, delitos, prisión y ahora...perpetua. Estudios sociológicos y antropológicos deben sustentar las medidas que en adelante tome el gobierno de turno para solucionar un problema de derechos fundamentales enorme, de una población relevante. Y es que como lo indica la ley, el fin que busca la pena es su resocialización ¿En esas condiciones? Permítanme dudarlo.
Fue en 1998 cuando así se refirió el tribunal al estado de las cárceles en Colombia. Ello gracias a la acumulación de un centenar de demandas de tutela interpuestas no solo por los mismos presos sino también por sus familiares, reclamando por sus derechos fundamentales, válidos aún en su condición de reclusos.
Y es que la condición carcelaria del país se desborda de la lógica elemental. Por eso la gravedad del rótulo, ya que la Corte Constitucional considera que un estado de cosas inconstitucionales ocurre "cuando hay una configuración histórica, estructural y lo suficientemente grave de los derechos fundamentales de una población" Tal como ocurre con la población desplazada del país. Palabras mayores.
Para 2010, la población carcelaria del país era de 83.667 presos, es decir, el estadio Old Trafford de Manchester lleno. Quedan faltando unos 7.600 más que cabrían en el estadio de techo de Bogota. Todos en su máximo aforo. En frías cifras, el problema de hacinamiento del país asciende al 30%.
Sin embargo, para los penados de este país, pasar el tiempo que duran sus condenas como si vivieran con 8 colegas más dentro de un Volskwagen Beatle no es su único problema. Según un informe del diario Ámbito Jurídico, la violación de los derechos a la vida, la dignidad y la intimidad son el caso más recurrente. Le siguen violaciones al derecho a la familia y a la vida conyugal; al derecho al trabajo; al derecho a la salud y a la salubridad. La lista continúa.
Es un buen momento para reflexionar sobre las políticas populistas que se asumieron durante el pasado gobierno, en las cuáles se pensó que el aumento de penas y en la creación de nuevos delitos (es el caso de consumo de estupefacientes) eran una solución al serio problema de la criminalidad en Colombia. También es momento oportuno para pensar en las propuestas que abandera una Senadora de la República de someter a referendo la pena perpetua para casos de abuso sexual de menores. Sobre todo, estando en un estado de 'cosas inconstitucional' carcelario.
Los medios también contribuyen cuando escandalizan a la opinión cada vez que un juez de garantías decreta ilegal una captura y ordena la libertad del capturado. Naturalmente, la audiencia que es ajena al derecho, interpreta el mensaje como si casos así implicaran la falta de respuesta del Estado a la criminalidad. El ciclo lleva a una percepción global de impunidad y el mensaje termina por impactar el criterio de los jueces, llevándolos, por ejemplo, a denegar sistemáticamente, por principio y por presión, mecanismos alternativos, como la pena domiciliaria, la condena de ejecución condicional de la pena o los brazaletes electrónicos, todos, hoy asociados con corrupción, impunidad, beneficios injustificados.
Es un buen momento para dejar el radicalismo al lado pues los complejísimos problemas de criminalidad del país no pueden pretender ser solucionados exclusivamente con cárcel, delitos, prisión y ahora...perpetua. Estudios sociológicos y antropológicos deben sustentar las medidas que en adelante tome el gobierno de turno para solucionar un problema de derechos fundamentales enorme, de una población relevante. Y es que como lo indica la ley, el fin que busca la pena es su resocialización ¿En esas condiciones? Permítanme dudarlo.
Pensé que la sobrepoblación carcelaria era mucho mayor, no 30 sino 300%. En la universidad vi un video en el que mostraban a los presos apoyando la cabeza en el sanitario para dormir porque no cabían ni acostados.
ResponderEliminarPienso en el montón de gente que hay en la cárcel y se me arruga el corazón, La gente es muy vengativa y ni siquiera cae en cuenta de que la mayoría están siendo investigados y están cobijados por la presunción de inocencia.