El Ministerio de Transporte, de nuevo estuvo a la altura de su comprobada e histórica incompetencia al expedir un decreto que desde su título, dejó entrever que en nada aporta a la discusión surgida y que se suma al prontuario de aportes con los que esta cartera ha contribuido a la falta de competitividad del país: el déficit en la construcción de vías, túneles, puertos; laxitud en los requisitos para la expedición de licencias de conducción; la imposición de trámites, normas irracionales; y cualquier cantidad de vacíos incomprensibles en materia de transporte, por mencionar solo algunos.
La ciudadanía debía ser el principal beneficiario de la reglamentación, no el gremio de los taxistas, ni Über, ni cualquier otro emprendimiento tecnológico que eventualmente aterrice al país. Las carencias sistemáticas que se vienen presentando en la prestación del servicio público de taxis, son justamente los puntos fuertes que brinda el servicio de Über, y ese debió ser el punto de partida de la norma: tomar las cosas buenas de cada sistema. Sin embargo, la solución al conflicto según el Decreto está en fijar un segmento de transporte de lujo caracterizado, en palabras de la Ministra Tatiana Abello, por “la comodidad del usuario, la accesibilidad al servicio, la seguridad tanto de los vehículos como de los usuarios y el criterio de calidad del servicio”.
O sea que el deber ser de un servicio de transporte digno, el sentido común, y el mínimo lógico de las cosas, a partir de la entrada en vigor del decreto estará al alcance sólo de quienes pueden acceder a un “servicio de lujo” ¿Y los que no tienen? Pues ahí quedan a su servicio los otros 500 mil taxis comunes que no están obligados a ofrecer calidad, comodidad, atención eficiente, oportuna y segura; pueden seguir midiendo la tarifa con taxímetros rudimentarios normalmente manipulados; no tienen que instalar GPS para ubicar su posición, pueden cobrar la tarifa en efectivo con la amenaza de no tener cambio; pueden negarle el servicio y movilizar al usuario sólo si va hacia donde el conductor se dirige, etc., todo porque en este país, lo elemental, lo apenas básico, ciertamente es un lujo al que sólo tiene acceso quien puede pagarlo.
Pero se pone aún peor: mediante el decreto, el Ministerio prolonga el obsoleto sistema de cupos, ahora para los taxis de lujo. Está vetusta idea, inspira lo poco de legítimo que tiene el reclamo que hace el gremio de los taxistas en contra de Über, pues tuvieron que pagar entre 50 y 100 millones de pesos (según la ciudad) para poner a circular un taxi, mientras que con Über, un particular puede transportar en su carro a cualquier persona, por una tarifa ligeramente mayor sin haber pagado un solo peso por el cupo. El decreto, que se jacta de ser la solución a los problemas, deja abierta la posibilidad de que se cree otra mafia respecto a la concesión de cupos, sujeto al criterio del dirigente de turno. Se cierra la democratización de los servicios, estanca el libre mercado, y coarta la oferta y la demanda.
Otras borricadas que se inventaron con el decreto y que van a traer más burocracia y corrupción al sistema son las tales capacitaciones a los conductores; la potestad del Ministerio de fijar condiciones de ingreso de vehículos al servicio de lujo (pueden denegarlo), e incluso, la creación de un mecanismo de control de calidad y seguridad de los vehículos y sus conductores, de nuevo, en cabeza del Ministerio, lo que francamente podrían evaluar los propios usuarios en tiempo real, sin costo y sin mediación de burocracia, como sucede con casi todas las plataformas tecnológicas hoy en día.
Me atrevo a pensar que este decreto es otra conquista del sobrepoblado universo de abogados en el que vivimos, que usualmente redactan normas de contenido técnico sin tener la más microscópica idea de la materia que están reglamentando, y menos aún, de la importancia que esto implica. Esta vez, el Gobierno le entrega a los ciudadanos una surreal oda a la incompetencia e ineptitud: al problema se le da una solución, a la solución se le tiene un problema, y al caos vehicular, como sucede esta vez, se suma un nuevo segmento de transporte que nadie, absolutamente nadie, estaba pidiendo.
Prefiero creer que la ignorancia supina con que ha actuado la Ministra de Transporte es producto de su incompetencia o ingenuidad, y no un guiño al gremio que desde siempre ha sabido poner de rodillas al Estado cuando se tocan sus intereses. Aunque honestamente, es tan inoperante, tan manifiestamente mezquino el decreto, que hasta Uldarico Peña habría hecho algo más sensato de cara al problema.
