A mi juicio, buena parte de los problemas del Estado colombiano tienen origen en la debilidad de sus instituciones, incluyendo la cabeza de las Ramas del Poder Público. Y si alguna de estas es francamente débil y volátil, esa es la Legislativa. Su origen: El marcado Presidencialismo con que se mira a sí misma la democracia nacional. En nuestro país, la democracia, los votantes, los formados, los ignorantes, todos hacen un proceso lógico de asociación errado: ejercer la democracia significa votar por el Presidente o por el Alcalde. Nada más.
Ahí nace la falta de seriedad con que nuestra sociedad toma los comicios para la elección de aquellos que en adelante crearán las leyes. Entre miles de candidatos y la contaminación visual que acompaña las elecciones, es inevitable no caer en la desinformación y por eso somos una democracia inmadura, merced de los pitos y panderetas, del tamal y las hayacas e incapaz de seleccionar programas y proyectos partidistas.
De la ignorancia con que los ciudadanos asumimos la tarea democrática más trascendente, es que se engendran nuestros peores demonios. De ahí que solo resulten electos un puñado de excepciones. Quedan en la otra parte del colchón los que no se someten al examen de alcoholemia, los que manejan por la calzada de transmilenio, y otros caraduras que legislan como un buen sastre: a su medida.
La principal deformación del poder legislativo deviene de ahí, de cuando se legisla en propio interés y no para el bien colectivo. Tan simple pero tan complejo. Justamente la reciente reforma a la justicia que aprobó el Congreso tiene un peso adicional que la hace más indignante de lo que podía ser, pues no solo se legisló en favor propio reduciendo los escenarios de responsabilidad política, penal y disciplinaria de los Congresistas; o disminuyendo las sanciones derivadas de los actos ilegales con que se podía presumir que iban a actuar. La reforma también viene con regalos para todos, como cuando estalla una piñata. Y todos contentos, por que al parecer todos tienen un precio y el Congreso lo ha pagado:
Ha pagado a las Altas Cortes, que no hace poco dieron la batalla de investigar y sancionar a los congresistas que en pactos políticos secretos se comprometieron a legislar a favor de paramilitares a cambio de votos producto de la intimidación del electorado, y hoy están amordazadas con un bozal representado en la extensión de sus periodos, de 8 a 12 años, incluso aplicable a los Magistrados actuales.
Al Gobierno, pasándole la reforma, pues a fin de cuentas fue el Gobierno el gestor de este circo hecho reforma, con los pros y también con los contras. Todo por la maniática obsesión del Presidente Santos de quedar bien con todos, al mejor estilo Cumbre de las Américas, donde se comprobó que por más que se busque la unanimidad salomónica no se puede dar gusto a los cuatro puntos cardinales. Hoy volvió a intentarlo, y ha vuelto a fallar.
Y como bonus track, el Presidente Santos en una improvisada alocución salió a desautorizar la reforma, inventando soluciones jurídicas bastante inciertas para dar marcha atrás al proyecto que fusilaba el sistema de contrapesos, y haciéndole creer a la ciudadanía que en 11 horas un pliego de buenas intenciones para descongestionar la justicia, se volvió un pacto de gabelas permisivas a puerta cerrada, debajo de las faldas de los conciliadores de las Cámaras y a escondidas del Gobierno. No lo creo
Lo que más detesto, es que a fin de cuentas Álvaro Uribe Velez terminará por tener la razón a la hora de criticar los métodos santistas y ahí solo queda suspirar.
